FGR remueve a su delegado en Guanajuato tras el megadecomiso

Juan Francisco Vera Ayala ya no es delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato. La dependencia federal lo apartó del cargo esta semana, siete días después de que su oficina estatal encabezara el mayor aseguramiento de combustible reportado en lo que va del sexenio: 59 millones de litros hallados en una terminal de San José Iturbide. Norma Quevedo Vázquez tomará su lugar a finales de septiembre, según Milenio.

La salida no llega sola. Asuntos Internos de la FGR inició una revisión que alcanza a todos los que intervinieron en el caso, desde el nivel estatal hasta el personal del Ministerio Público Federal que llevó las diligencias en campo. Hasta ahora, la dependencia no ha vinculado públicamente la salida de Vera Ayala con un error puntual suyo.

El operativo que originó todo ocurrió el 17 de septiembre en una terminal de la comunidad de La Fragua, junto a la carretera federal 57, que opera la empresa Grupo Simsa. Pasada una semana, ninguna autoridad federal ha dicho si ese combustible es en realidad huachicol. Lo único confirmado es que la FGR lo retuvo por no poder comprobar su procedencia, algo distinto de declararlo ilegal.

La duda sigue abierta al más alto nivel. En la mañanera de este jueves, Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía continúa revisando los permisos que tenía la empresa antes de emitir una postura sobre el caso, según consignó El Financiero.

El propio gobierno de Guanajuato pidió cautela: el secretario de Seguridad Pública estatal dijo a Milenio que sus acciones "forman parte de una investigación en curso" y no fincan responsabilidades por sí solas.

Del total confiscado, poco más de la mitad corresponde a gasolina regular: 33.5 millones de litros. Le siguen 18.3 millones de litros de diésel y 7.3 millones de gasolina premium. La FGR también retuvo diez tanques de almacenamiento, siete vehículos de carga y los registros contables de la compañía. El expediente pasó a manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y para el 18 de septiembre nadie había sido detenido, de acuerdo con Proceso.

Guanajuato queda con dos procesos abiertos y ninguna certeza todavía: la revisión interna de Asuntos Internos sobre su propio personal, y la revisión externa de los permisos de Grupo Simsa que, según la propia presidenta, aún no concluye.