La Corte Suprema de EUA permite seguir el muro en Big Bend
Solo una jueza se opuso. La obra en Texas, frente a Coahuila y Chihuahua, puede retomarse mientras sigue el litigio por las exenciones ambientales.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió el lunesPDF la orden de una jueza federal de El Paso que detenía la construcción del muro en el sector Big Bend, en el oeste de Texas. Ese tramo da a Coahuila y Chihuahua, al otro lado del Río Bravo.
La decisión es breve y sin firma, en el caso Mullin contra Friends of the Ruidosa Church. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson habría negado la petición del gobierno de Donald Trump.
La jueza de distrito había dictado el 2 de octubre una medida cautelar que frenaba las exenciones a leyes ambientales y de conservación con las que el gobierno aceleraba la obra, y con ellas toda la construcción asociada. Una ley migratoria de 1996 permite al secretario de Seguridad Nacional dispensar los requisitos legales que juzgue necesarios para levantar barreras rápido, y deja a los tribunales revisar solo reclamos de tipo constitucional.
Ahí se decidió el caso. Un guía de río, una organización ambiental y otra dedicada a conservar una iglesia histórica en Ruidosa, Texas, demandaron con el argumento de que el gobierno había rebasado su autoridad, la llamada doctrina de las cuestiones mayores. La Corte respondió que, por más que se presente como constitucional, ese reclamo trata de los límites de una ley y no de la Constitución.
No existe un reclamo "constitucional" de cuestiones mayores.
Con esa lógica, la Corte considera "sumamente probable" que el gobierno gane el argumento de que la jueza no tenía jurisdicción. También pesó el testimonio de un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza: frenar la obra le cuesta al gobierno casi medio millón de dólares diarios. Pesó, además, que al permitir las exenciones el Congreso mostró "una clara preferencia por una construcción fronteriza expedita", por encima del perjuicio ambiental y recreativo que invocan los demandantes.
La orden no fija fecha para reanudar los trabajos. Como la ley solo deja a los jueces de distrito ver reclamos constitucionales, el criterio vuelve más difícil impugnar en esos tribunales las exenciones del gobierno en cualquier otro tramo de la frontera.
La suspensión rige mientras el gobierno presenta su petición de revisión y la Corte la resuelve. Si la rechaza, termina sola; si la acepta, dura hasta que el tribunal envíe su sentencia.
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