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Un juez obliga a devolver el paso a CNN y Politico en EEUU

El gobierno de Trump retuvo horas más los pases de una reportera y un productor de MS NOW antes de ceder minutos antes del plazo fijado por el tribunal.

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Un juez federal de distrito en Washington, Timothy Kelly, ordenó la noche del miércoles que reporteros de CNN, MS NOW y Politico vuelvan a entrar a la Casa Blanca durante dos semanas. Los tres medios habían quedado fuera del recinto desde el viernes anterior, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, les retiró la acreditación. Kelly calificó esa directriz de «probablemente inconstitucional» y determinó que violaba el derecho al debido proceso de las tres redacciones.

El fallo no se cumplió de inmediato. La mañana del jueves, pese a la orden nocturna, personal del Servicio Secreto le negó otra vez la entrada a la corresponsal de MS NOW Laura Barrón-López, junto con un productor de esa cadena. Los abogados de las tres organizaciones presentaron un aviso de incumplimiento y pidieron una audiencia urgente; el juez le exigió al gobierno una respuesta para poco después del mediodía, y el acceso se restableció apenas unos minutos antes de que venciera ese plazo.

Trump había justificado el veto en lo que describió como años de coberturas acumuladas en su contra, y fue tajante sobre los reporteros afectados: «No los quiero en mi oficina. No los quiero aquí». El Departamento de Justicia defendió la medida ante el tribunal argumentando que la cobertura de las tres redacciones «puso en riesgo la seguridad nacional» y difundió falsedades, un argumento que Kelly no aceptó como base suficiente para el veto.

El fallo llega apenas dos días después de que este medio reportara la demanda original de los tres medios, y marca el primer freno judicial real al intento de la administración Trump de bloquear el paso a redacciones que le incomodan. La victoria es, con todo, parcial: los 14 días de Kelly solo suspenden el veto mientras el tribunal decide, en un litigio aparte y sin fecha fijada, si excluir prensa por su cobertura es constitucional.

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