Senado de Chile avanza en aplazar a 2027 su ley de datos
La comisión aprobó por unanimidad el proyecto del gobierno, pero la oposición quiere un aplazamiento menor y un experto propone aplazar solo las multas.
Chile podría tener su ley de datos personales un año más tarde. Sin votos en contra, la Comisión de Constitución del Senado dio el lunes luz verde a discutir el proyecto del Ejecutivo que aplaza la Ley 21.719: iba a regir el 1 de diciembre de 2026 y pasaría al mismo día de 2027.
El texto toca otro punto: eleva de tres a cinco los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales, con renovaciones parciales cada dos años. El gobierno sostiene que con tres, el órgano podría quedarse sin quórum.
Esa agencia, que debe fiscalizar y sancionar, no existe en la práctica. En marzo el gobierno propuso a tres consejeros y retiró la terna tras los cuestionamientos; en mayo el Senado rechazó una segunda por no reunir los dos tercios necesarios. El plazo legal para constituirla venció el 1 de junio.
Ante la comisión, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, defendió el cambio: la implementación "ha sido compleja" y con tres consejeros el órgano "no necesariamente podría sesionar". El ministro Daniel Mas admitió que "ha costado encontrar a las personas" para el consejo.
La alternativa de Harboe
El exsenador Felipe Harboe, coautor de la ley, propuso otra ruta: que en diciembre de 2026 entren las normas de fondo y arranque la agencia, y que solo las facultades de fiscalizar y sancionar esperen a 2027, con una "adecuación asistida". Advirtió que una postergación total "podría extender los abusos si no se toman resguardos".
Para la oposición, incluido el senador Matías Walker, un año completo es demasiado: propone seis meses o aplicar la ley por etapas. El senador socialista Juan Luis Castro dijo que el plazo no debería pasar de 180 días.
El Ejecutivo se comprometió a darle discusión inmediata y el debate en particular arranca este martes. La comisión no publicó el conteo de votos.
Para las empresas que operan en Chile, entre ellas filiales de compañías mexicanas, la incertidumbre es práctica: aún no saben si deben cumplir desde diciembre de este año o hasta el de 2027. Lo que decida el Senado sobre el plazo, o sobre aplazar solo las multas, definirá cuándo podrán exigirse derechos como el acceso o la oposición al uso de datos.
