
Diputados aprueban en lo general prohibir la doble nacionalidad en la Presidencia y las gubernaturas
El pleno cerró la votación con 344 votos a favor, 116 en contra y una única abstención, del diputado verde Jorge Luis Villatoro. La discusión en lo particular sigue abierta, con 226 reservas presentadas por los legisladores.
La Cámara de Diputados aprobó el martes, en lo general, la reforma constitucional que exige nacionalidad exclusivamente mexicana para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El pleno cerró la votación con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, cifra por encima de la mayoría calificada que necesita un cambio a la Constitución.
El diputado morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen: dijo que busca que quienes aspiren a esos cargos «prescindan de cualquier nacionalidad adicional a la mexicana». Desde el PAN, el diputado Germán Martínez respondió que «el comandante supremo no debe tener dos banderas» y sostuvo que, a su juicio, varios legisladores de Morena tienen la bandera de México «en el suelo».
Tras el resultado en lo general, el pleno pasó a discutir en lo particular las 226 reservas de modificación que presentaron distintos legisladores sobre el dictamen. Esa discusión seguía abierta al cierre de esta nota, y de su desenlace depende el texto final que la Cámara mande al Senado.
La única abstención de la jornada correspondió al diputado del Partido Verde Jorge Luis Villatoro, dentro de un bloque de Morena, el PT y el propio Verde que horas antes generaba dudas: el coordinador morenista Ricardo Monreal había reconocido públicamente que esos votos aliados no estaban garantizados. La propuesta llegó de la Presidencia a finales de agosto y la comisión dictaminadora la avaló los primeros días de septiembre.
Antes de entrar en vigor, la reforma necesita además el aval del Senado y de la mayoría de los congresos estatales, por tratarse de un cambio constitucional. De completarse ese proceso, la restricción regiría desde el proceso electoral de 2028 y no alcanzaría a quien hoy ocupa la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina.
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