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Congreso

Inzunza, acusado por EU, vota en el Senado la reforma industrial

El senador sin bancada enfrenta cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa; él lo niega y esta semana votó a favor del dictamen en comisiones unidas.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó en abril al senador mexicano Enrique Inzunza, sin bancada, de conspirar para importar narcóticos y de poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. La denuncia se presentó ante una corte federal en Nueva York, y la fiscalía estadounidense sostiene que Inzunza participó en encuentros donde se habría acordado que una facción del Cártel de Sinaloa tomara el control de la policía estatal, a cambio de respaldo político para el grupo. Inzunza niega los cargos y los describe como una estrategia de litigio sin pruebas hechas públicas en su contra.

Cinco meses después de esa acusación, Inzunza mantiene su actividad legislativa con normalidad. Esta semana tomó parte en la sesión de comisiones unidas donde se avaló la reforma de propiedad industrial, y presentó por su cuenta una reserva para modificar el artículo 429 del Código Penal Federal. Según el comunicado oficial de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, el dictamen de esa sesión se aprobó con 34 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Esa misma semana también respaldó la reforma constitucional contra la doble nacionalidad, pese a no formar parte de ningún grupo parlamentario.

El senador reapareció en público el 31 de agosto, tras semanas sin actividad visible, y ahí rechazó actuar como testigo protegido de Estados Unidos: "No soy narcolegislador", dijo entonces, según La Silla Rota.

Inzunza fue electo por Morena en 2024. Desde que se conoció la acusación estadounidense pasó varias semanas sin presencia pública antes de reincorporarse a las sesiones en agosto, y continúa legislando sin bancada propia.

Lo que queda en discusión es hasta qué punto una acusación de una corte extranjera debe afectar el trabajo legislativo de quien la enfrenta, mientras el caso no tenga una resolución equivalente dentro de México. No se localizó una solicitud formal de extradición hacia México ni una postura oficial del Senado o de Morena sobre cómo tratar su situación mientras el proceso en Estados Unidos sigue abierto.

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