La SCJN fija cuándo un médico responde penalmente por lesiones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el miércoles que un médico solo puede responder penalmente por lesiones si se prueba que incumplió un deber de cuidado y que ese incumplimiento causó el daño. El Pleno lo decidió en un amparo y lo detalló en su comunicado 161/2026.

"No pueden constituir, por sí mismos, un delito", sostuvo la Corte sobre las complicaciones y los resultados adversos de un acto médico.

Además, la lesión tiene que ser una de las permanentes que prevé la ley.

El amparo en revisión 257/2026 parte del caso de un neurocirujano vinculado a proceso por lesiones culposas. Operó dos veces a un paciente para colocar y después recolocar tornillos transpediculares, y una de las piernas del paciente perdió movilidad de forma permanente. El expediente volvió a un tribunal colegiado para que revise si los datos de prueba bastaban para vincularlo a proceso, y la Corte precisó que no resolvió si hubo negligencia ni si el médico es penalmente responsable.

Otro asunto fue el amparo directo en revisión 3628/2025, que partió de una multa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a una empresa por usar programas de cómputo sin autorización. Los ministros confirmaron que es constitucional el primer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La norma permite cerrar un trámite que alguien promovió y abandonó, siempre que la autoridad le haya advertido antes y que pasen tres meses sin que haga nada.

Según el Pleno, los procedimientos se rigen por la oficiosidad, así que corresponde a las autoridades impulsarlos, y la advertencia previa protege la seguridad jurídica y el debido proceso. La empresa recurrente sostenía que ese requisito permite alargar un procedimiento sin límite.

El tercero, el amparo en revisión 146/2026, viene de una resolución de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica con la que sancionó prácticas monopólicas absolutas en el mercado del gas LP. Quedaron validados los artículos 53 y 71 de la Ley Federal de Competencia Económica, que sancionan los acuerdos entre competidores para fijar precios, limitar la oferta o repartirse mercados, y permiten ampliar con causa justificada los periodos de investigación.

Los ministros precisaron además que los precios máximos regulados por el Estado no impiden, por sí solos, que haya esas prácticas.

Las tres decisiones validan normas y no resuelven el fondo de cada caso. El del neurocirujano y el de gas LP vuelven a tribunales colegiados, que deben analizar los argumentos de legalidad que faltan. En total el Pleno resolvió diez asuntos ese día, y el comunicado advierte que es un documento de divulgación: las sentencias son la única versión oficial.