Sheinbaum condiciona a la SRE las multas migratorias de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este 24 de septiembre, en su conferencia matutina, que ninguna empresa privada contratada por el gobierno de Estados Unidos puede notificar en territorio mexicano multas migratorias a personas deportadas sin el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). «No podrían, no tendrían que poder», respondió, antes de precisar que hace falta el aval de esa dependencia, según Infobae.

Detrás de la respuesta está un plan de la aduana estadounidense, la CBP, que contrató a cuatro empresas privadas, entre ellas Global Recovery Group y Caduceus. Su tarea es ubicar en México, Guatemala y Honduras a personas ya deportadas de Estados Unidos y entregarles el aviso de la sanción administrativa que tienen pendiente, con un pago conjunto de hasta 36 millones de dólares, de acuerdo con reportes estadounidenses.

El contrato del gobierno de Estados Unidos quedó formalizado el 31 de julio y arrancó el 1 de septiembre, con una duración estimada de dos años, según Bloomberg Línea. El expediente de la CBP identifica en total a 66 mil 387 personas expulsadas con sanciones administrativas pendientes en los tres países. Sumadas, esas sanciones representan 423 millones de dólares, una cartera de cobro que hoy administra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Un dato que la propia presidenta subrayó: hasta esa mañana, la embajada de Estados Unidos no le había notificado nada a México sobre el plan, así que lo trató como un tema que Washington todavía no ha planteado por la vía formal. El Instituto Nacional de Migración ya había respondido antes, el 8 de septiembre, a una consulta periodística: contestó que el tema no le corresponde y que no participa ni tiene conocimiento del programa.

Desde agosto, cuando trascendió el plan, la prensa de los dos países lo ha seguido como una pieza más de la presión migratoria que aplica el gobierno de Donald Trump. Lo nuevo es que la mandataria mexicana fijó, por primera vez, una postura pública y directa sobre el mecanismo, justo cuando la relación bilateral ya carga con otros roces por señalamientos de Washington hacia México.

Lo que sigue abierto es si la embajada estadounidense pedirá formalmente el aval que Sheinbaum exige, y si la SRE fijará una postura propia; hasta ahora no se ha pronunciado por separado. Mientras eso no ocurra, quienes están en México entre esas 66 mil 387 personas con sanciones pendientes en los tres países no tienen claro si serán notificados aquí o si el cobro se queda sin mecanismo para ejecutarse.