Australia mantiene su ley de cuidado digital pese a que Washington la acusa de censura

La embajada de Estados Unidos en Camberra advirtió el martes que un proyecto de ley australiano equivaldría a censura fuera de su territorio, y pidió que las plataformas con sede estadounidense, es decir las redes más grandes, queden exentas de cumplirlo. La reforma, conocida como deber de cuidado digital, obligaría a Facebook, Instagram y TikTok a dejar que cada usuario apague el algoritmo de recomendación y vea solo el contenido de las cuentas que sigue.

Anthony Albanese, el primer ministro laborista de Australia, no esperó ni un día para contestar: lo hizo desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General, con un mensaje directo: «siempre defenderé los intereses nacionales de Australia». Dijo que no piensa dar marcha atrás por la presión de la Casa Blanca. La reforma, de hecho, ni siquiera ha llegado al Parlamento australiano: el gobierno lleva meses reuniendo comentarios de plataformas, organizaciones civiles y académicos antes de presentarla de forma oficial.

La embajada estadounidense justificó su objeción diciendo que le preocupan los «requisitos de diseño de plataformas rígidos y uniformes» que impondrían los reguladores australianos. Australia, por su parte, fue uno de 22 países que pidieron en la ONU salvaguardas globales para mantener la inteligencia artificial bajo control humano, una postura que Washington ha rechazado de forma abierta.

El roce por esta ley se suma a otro más amplio entre el gobierno de Trump y Australia sobre regulación tecnológica: Camberra ya había prohibido las redes sociales a menores de 16 años, y ahora busca extender el control a los algoritmos de recomendación para el resto de los usuarios.

Pocas veces Washington había presionado tan abiertamente a un socio cercano por cómo regula, dentro de sus propias fronteras, a empresas tecnológicas estadounidenses. Falta ver si el texto que eventualmente llegue al Parlamento conserva la exigencia de que las redes con sede en Estados Unidos cumplan la ley igual que cualquier otra, o si el gobierno australiano cede terreno ante la presión.