Refugiados en Sudáfrica temen ataques por el plazo migratorio
Un grupo antiinmigración sin autoridad legal fijó el 30 de septiembre para exigir la deportación de migrantes indocumentados, y ya hubo un choque violento el 3 de septiembre.
Sudáfrica vive una ola de miedo entre sus comunidades de refugiados conforme se acerca el 30 de septiembre: ese día vence el ultimátum que el movimiento antiinmigración March and March le puso al gobierno para que expulse en masa a los migrantes sin papeles. Jacinta Ngobese-Zuma, quien encabeza el grupo, no tiene ninguna autoridad legal para expulsar a nadie: solo el Estado puede hacerlo, y así lo ha tenido que aclarar el propio gobierno.
El temor tiene un antecedente reciente. El 3 de septiembre, integrantes de March and March chocaron con refugiados frente a un centro de acogida; la policía tuvo que intervenir y al menos cuatro personas resultaron heridas. Ese episodio es el que alimenta el miedo a que venza el plazo sin que nada cambie.
Estoy escondido porque dicen que me van a matar.
Así resumió su situación a Al Jazeera el obispo congolés Raphael Bahebwa, que defiende los derechos de los refugiados de su comunidad y dijo ocultarse por hablar en público del tema.
El gobierno, mientras tanto, mantiene sus propios operativos: procesó a 86 596 extranjeros para su expulsión o repatriación entre el 14 de junio y el 20 de agosto, según cifras oficiales citadas por Al Jazeera. El 15 de septiembre, 274 personas salieron en autobús de Durban hacia el centro de detención de Lindela, mientras unas 150 más decidieron quedarse.
Ngobese-Zuma defendió la legitimidad de su causa ante Cape Town Etc: que la ciudadanía reclame freno a la migración indocumentada, dijo, no tiene "nada de qué avergonzarse".
March and March organiza manifestaciones contra la migración indocumentada desde abril; el 30 de junio, una jornada nacional terminó con más de 900 detenidos, según TIME. El país ya tiene memoria de esto: en 2008 y en 2015 hubo brotes de violencia contra migrantes con decenas de muertos y miles de desplazados, el precedente que las organizaciones de refugiados citan cada vez que surge una fecha límite como esta.
El plazo del 30 de septiembre no tiene efecto legal, pero ya empuja a familias a abandonar sus casas por miedo, igual que en episodios previos. Lo que haga el gobierno en los próximos días, reforzar la vigilancia o dejar que se repita la violencia de septiembre, va a decidir si la fecha queda en un símbolo o en otro capítulo de ataques xenófobos.
