Informe de Ayotzinapa investiga a una funeraria de Iguala
Gobernación y la FGR presentaron cuatro líneas nuevas, con 17 objetivos por un análisis de llamadas; los padres de los 43 no estuvieron en la presentación.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y Mauricio Pazarán Álvarez, quien dirige la unidad especial del caso en la FGR, expusieron un informe con cuatro líneas de investigación el lunes 28 de septiembre, doce años después de que desaparecieron 43 normalistas, según Expansión Política y Político MX. Antes de la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los padres no fueron convocados porque ya sabían qué contenía.
Primero, un reanálisis de los registros telefónicos de 2014 y 2015, con énfasis en la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con Infobae, el estudio dejó 17 objetivos nuevos. Son personas que podrían estar relacionadas entre sí: miembros del crimen organizado, policías de los dos niveles, funcionarios y empleados de funerarias.
Segundo, la funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. Pazarán afirmó, según Político MX, que los dos son investigados por un posible esquema para esconder cuerpos y eliminar pruebas. Las autoridades sostienen que Rodolfo "N", empresario funerario cuya familia tenía la concesión del Semefo, usó el celular del normalista Julio César Mondragón Fuentes el 4 de octubre de 2014. Nadie ha recibido sentencia por ello.
Los indicios y las cifras
Las dos restantes, según Infobae, son las excavaciones en el Semefo de marzo a junio de 2026, con 23 indicios (fragmentos óseos, prótesis dentales y cartuchos) que siguen en peritaje, y las videograbaciones que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero tenía de esa noche, por las que hubo procesos por ocultar evidencia.
Medina explicó, según Infobae y Expansión Política, que la etapa nueva no partió de cero: revisó documentos, testimonios, registros telefónicos y peritajes acumulados en 12 años. Hasta ahora solo se han identificado restos de tres de los 43 estudiantes.
La revista Proceso tituló que el gobierno presentó "números y recuentos" más que avances. Según su recuento, el informe contabiliza 168 procesados (130 con prisión preventiva y 38 con domiciliaria) y 1,931 sitios revisados en nueve municipios guerrerenses. Sostuvo que el informe no respondió a las demandas de las familias sobre la investigación al Ejército ni al regreso de expertos internacionales.
No se localizó la reacción de los padres ni de sus abogados, y el comunicado de Gobernación no estaba disponible al cierre de esta nota: las cifras salen de la cobertura de estos medios. Las familias mantienen pendientes ante la Suprema Corte la revisión de cuatro amparos y la entrega de documentos militares.
