Comisión de Justicia propone aplazar a 2030 el código civil
El dictamen retrasa tres años la entrada del código nacional; organizaciones piden dejar fuera el apoyo judicial para decidir.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este mes un texto que retrasa la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta el 1 de abril de 2030, según Infobae. El código salió publicado el 7 de junio de 2023, y su calendario escalonado vencía en 2027.
El dictamen todavía no pasa por el pleno. El Universal Oaxaca informó el 8 de octubre que se votaría "en próximos días"; ninguna fuente consultada da una fecha. Este medio no localizó el texto del dictamen, así que la fecha y los transitorios se toman de esos reportes.
Un juez familiar de la Ciudad de México, Gustavo Peña, describió el cambio en Vértigo Político como una oportunidad para que los poderes judiciales logren "una transición ordenada". Sostuvo que la transformación requiere infraestructura, capacitación, modernización tecnológica y organización judicial. No es una postura de la comisión: este medio no encontró un posicionamiento de su presidente, el diputado Julio César Moreno Rivera.
Del otro lado, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la comisión de implementación del código en Oaxaca, afirmó que la prórroga aleja "la promesa de efectividad y celeridad". Según él, materia civil y familiar concentra el 76 % de los expedientes.
El punto de las personas con discapacidad
El 15 de octubre, organizaciones de personas con discapacidad, de personas mayores y de profesionales del derecho pidieron al Congreso que la prórroga no alcance a un procedimiento concreto: la designación extraordinaria de apoyos, que regulan los artículos 445 a 455 del código. Por ese trámite ante un juez, quien tiene barreras para ejercer su capacidad jurídica obtiene ayuda al decidir.
Sostienen que los juicios de interdicción desaparecieron el 8 de junio de 2023 y que, si el nuevo trámite no funciona, queda un "vacío de protección". Piden además reglas transitorias sobre competencia, accesibilidad y salvaguardias. Reconocen que aplicarlo enfrenta problemas institucionales, presupuestarios y operativos.
Si el pleno aprueba el dictamen tal como está, los juzgados civiles y familiares tendrían tres años más para adoptar el código. Queda por conocer si el texto excluye ese procedimiento y cuándo lo vota la Cámara.
