Diputada del PT propone prohibir la gestación subrogada
La iniciativa de Nora Merino castiga la práctica con hasta 25 años de prisión y está en comisiones de la Cámara de Diputados.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del PT, propone prohibir la gestación subrogada en México y castigar con cárcel a quien la realice, la promueva o la financie. La Cámara de Diputados difundió este lunes la iniciativa en su boletín 4856. Reforma la Ley General de Salud, la Ley General de Trata de Personas y el Código Penal Federal.
El texto apareció en la Gaceta Parlamentaria del 22 de septiembrePDF. Su exposición de motivos afirma que "el cuerpo de una mujer no debería tener tarifa" y describe la práctica como un esquema de agencias, intermediarios y contratos en el que la mujer gestante suele estar en desventaja económica.
Las penas cambian según la conducta:
| Conducta | Prisión | Ley que se reforma |
|---|---|---|
| Realizar, promover, financiar o intermediar el procedimiento, o contratar para recibir a la persona nacida | 6 a 17 años | Ley General de Salud |
| Dueño o encargado de un establecimiento que lo permita, o quien dirija una agencia de intermediación | 4 a 9 años, multa de 10 000 a 15 000 UMA y clausura definitiva | Ley General de Salud |
| "Explotación reproductiva" | 15 a 25 años y de 2000 a 30 000 días multa | Ley General de Trata de Personas (artículo 31 Bis) |
| Entregar o recibir a un recién nacido por un contrato de este tipo, simular un parto o alterar su registro | 8 a 15 años y de 1000 a 5000 días multa | Código Penal Federal (artículo 366 Quinquies) |
Para la iniciativa, hay gestación subrogada cuando una mujer lleva un embarazo por encargo de otras personas, con o sin pago, y la persona nacida debe pasar a manos de alguien que no es la gestante. A los fedatarios públicos les sumaría una suspensión de cinco a ocho años en la función, y hasta seis más si reinciden. Cuando una empresa sea el medio del delito o su beneficiaria, se le aplicaría el Código Nacional de Procedimientos Penales, que llega hasta su disolución.
Las penas del supuesto de trata aumentarían hasta en una mitad cuando:
- La gestante sea menor de 18 años.
- Pertenezca a un pueblo indígena o afromexicano.
- Viva en pobreza o en migración.
- El autor sea servidor público o integrante de la delincuencia organizada.
La mujer que gesta quedaría fuera de las penas y sería considerada víctima, con derecho a medidas de protección, asistencia y reparación.
La materia ya llegó a la Suprema Corte. En junio de 2021, al resolver la acción de inconstitucionalidad 16/2016 sobre el Código Civil de Tabasco, el Pleno exhortó a los demás Poderes de la Unión y a los de los estadosPDF a regularla "de manera urgente y prioritaria". El exhorto se aprobó por siete votos; cuatro ministros votaron en contra.
Por ahora solo consta la postura de la autora: el boletín no recoge la de otros grupos parlamentarios. Dictaminarán la iniciativa las comisiones unidas de Salud y de Justicia; la de Derechos Humanos emitirá su opinión. Para convertirse en ley, tendría que aprobarla el Pleno de la Cámara de Diputados y después el del Senado.
