Diputados aprueban sancionar el reclutamiento forzado
La reforma fija de 10 a 20 años de prisión por reclutar para grupos criminales y de 15 a 25 si es forzoso; con menores, siempre lo es.
La Cámara de Diputados aprobó el martes por unanimidad, con 419 votos a favor, un dictamen que convierte el reclutamiento para grupos criminales en un delito propio dentro de la Ley General en materia de Trata de Personas.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo en el boletín 4768 de la Cámara de Diputados que el texto salió "por consenso" y que, al tratarse de iniciativas de diputados, la minuta pasa al Senado. Lo calificó de "una buena ley, indispensable".
Quien invite, induzca, incorpore o reclute personas para esos grupos enfrentaría de 10 a 20 años de cárcel; si el reclutamiento es forzoso, de 15 a 25.
Todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se considera forzado, sin que haga falta acreditar violencia o engaño. El aparente consentimiento del menor no lo justifica.
La pena sube hasta en una mitad si el responsable es o fue servidor público, integrante de una corporación de seguridad o de las fuerzas armadas, o trabajó en seguridad privada y usó información o capacitación de ese empleo. El castigo también crece cuando la víctima pertenece a un pueblo indígena o afromexicano, o viaja en movilidad humana, y cuando hay lesiones, tortura, violencia sexual o privación de la libertad. Un servidor público condenado enfrentaría destitución e inhabilitación inmediatas.
Hasta ahora, explicó la diputada de Morena Elena Edith Segura Trejo, los casos se investigaban como trata, secuestro o corrupción de menores, lo que fragmentaba las pesquisas. El petista Ricardo Mejía Berdeja describió el reclutamiento como "una leva forzada a través de engaños" que puede terminar en desapariciones, tortura y homicidios.
Tejiendo Redes Infancia sostuvo que el dictamen no tuvo parlamento abierto y que no sigue lo que recomiendan la ONU y la CIDH. La organización pide tratar como víctimas a los niños reclutados.
Con la aprobación del Senado, el delito quedaría en la ley general con pena propia y reglas distintas para menores, servidores públicos y víctimas indígenas o migrantes.
