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Banner de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre el reglamento de la ley de adquisiciones.Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Imagen de archivo
Justicia

Restablecen el veto a contratar con Pryse y otra empresa

Un tribunal colegiado revocó la suspensión que protegía a las dos firmas y la Secretaría Anticorrupción reactivó la orden de no contratarlas.

Dependencias federales, estados y municipios vuelven a tener prohibido aceptar propuestas o firmar contratos con Grupo de Seguridad Privada Pryse de México y con Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, según una circular del Diario Oficial de la Federación publicada este miércoles.

La causa es una sentencia de un tribunal. El Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó el 4 de junio de 2026 la suspensión definitiva que ambas empresas habían obtenido en el amparo indirecto 2080/2025. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dice que el tribunal se lo notificó el 29 de octubre.

La circular lleva la firma de Alberto Mociñoz Gutiérrez, quien encabeza el área de responsabilidades del órgano de control de la Secretaría en el IMSS. Quedan sin efectos las circulares 4919/2025 y 6746/2025, publicadas el 2 de octubre y el 11 de diciembre de 2025, que habían tomado en cuenta las suspensiones provisionales.

Vuelven a regir, en cambio, las circulares 6030/2025 y 6031/2025, que la propia circular fecha el 12 de septiembre de 2025 y que mandan abstenerse de contratar con cada empresa.

La medida ya había cambiado de signo una vez. El 18 de diciembre de 2025 el DOF publicó que un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México había concedido la suspensión definitiva de la inhabilitación a Pryse en el mismo amparo.

El texto publicado no cita la ley que fundamenta la medida ni describe la conducta que originó las sanciones. Tampoco fija un plazo, y el fondo del amparo sigue sin resolverse. Es un acto administrativo ligado a un juicio en curso, no una sentencia sobre la responsabilidad de las empresas, y no se obtuvo su versión.

Para las áreas de compras públicas, la orden rige mientras no cambie la situación jurídica de las dos empresas.

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