La SCJN atrae los amparos de la ASF sobre la Estafa Maestra
El Pleno resolverá si la Auditoría puede impugnar por amparo las resoluciones que archivan casos penales del desvío de fondos a universidades detectado en el sexenio de Peña Nieto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en Pleno y por unanimidad, atraer la contradicción de criterios 61/2026, identificada como facultad de atracción 980/2026, en su sesión del 24 de septiembre. El caso llegó a solicitud del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo, con sede en la Región Centro-Norte. La Corte definirá si la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo que fiscaliza el gasto público federal, tiene facultad para litigar amparos frente a fallos que archivan expedientes penales abiertos a partir de sus propias revisiones de cuentas.
La disputa nace de dos posturas distintas entre tribunales colegiados. Uno, con base en el artículo 7 de la Ley de Amparo, negó que la Auditoría tuviera legitimación para recurrir esas resoluciones, porque no tocan directamente su patrimonio. El otro sostuvo lo contrario: que el organismo sí puede actuar como coadyuvante del Ministerio Público, en defensa de los recursos públicos.
Los dos expedientes que originaron la contradicción pertenecen a la Estafa Maestra, la red de acuerdos entre dependencias federales y universidades públicas que sirvió para triangular contratos y que se destapó en 2017. Los tribunales colegiados fallaron distinto sobre estos dos casos:
- Enrique González Tiburcio, quien fue subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), por convenios firmados en 2016 con la Universidad Autónoma Indígena de México, con una afectación calculada en 110 millones de pesos.
- José Roberto Aguilar Fuentes y José Roberto Torres Gutiérrez, en un convenio de 400 millones de pesos entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Politécnica de Chiapas, de los que no se conoce el destino de casi la mitad.
Ante el Pleno, el secretario de acuerdos de la Corte, Daniel Álvarez Toledo, planteó si la Auditoría tiene legitimación para litigar amparos frente a conductas «posiblemente lesivas para la hacienda pública», según consignó El Universal.
El esquema salió a la luz en 2017, por una investigación de Animal Político y de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que documentó cómo varias dependencias del sexenio de Enrique Peña Nieto pagaron a universidades públicas por servicios que, en varios casos, nunca se prestaron. Desde entonces, buena parte de las causas penales que se abrieron por ese desvío han terminado archivadas, lo que llevó a la Auditoría a buscar la vía del amparo para reabrirlas.
El Pleno no fijó fecha para resolver el fondo de la contradicción de criterios, y la ASF no ha dado una postura pública sobre el caso, según Vanguardia.
