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La senadora Alejandra Barrales, en la tribuna del SenadoSenado de la República. Imagen de archivo
Congreso

Barrales propone definir en la ley el embarazo infantil forzado

La senadora de MC plantea que hospitales y escuelas avisen a la Fiscalía de los embarazos en niñas de 10 a 14 años; la iniciativa está en comisiones.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, propone que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes defina el "embarazo infantil forzado" y obligue a hospitales y escuelas a avisar de cada caso a la Fiscalía, informó el Senado.

La iniciativa llama así al embarazo de niñas de 10 a 14 años y presume que es resultado de violencia sexual. Con esa definición, las instituciones de salud, educación y asistencia social tendrían que notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección, para que la investigación empiece de oficio y no dependa de la niña ni de su familia.

El Sipinna, el sistema nacional de protección de la niñez, contó 7 887 nacimientos de madres de 10 a 14 años en 2025: unas 22 al día. La senadora sustenta con esa cifra la propuesta.

La reforma tocaría tres artículos de la ley: añade una fracción X Bis al 4, un cuarto párrafo al 47 y un 83 Bis. Las niñas tendrían además atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita, continuidad escolar y protección contra la revictimización.

Según un artículo transitorio, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados tendrían 180 días para definir el delito. La reforma, por sí sola, no lo crea.

Barrales citó cuatro casos: una niña de 10 años con un parto prematuro y complicaciones graves en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; una de 11 con cinco meses de embarazo en Matamoros, Tamaulipas; una de 12 en unión con un hombre de 65 años en El Oro, Estado de México; y una de 10 en unión con un hombre de 32 en Texcoco. En esas uniones, sostuvo, "de ninguna manera" puede pensarse que haya consentimiento.

Sin un supuesto jurídico que lo nombre, dijo la senadora, las autoridades "carecen de la base legal" para activar protocolos. Días antes ya había planteado el tema en tribuna.

Ahora la analizarán, en comisiones unidas, las de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y la de Estudios Legislativos Segunda. Todavía no hay dictamen ni votación.

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