Amparos contra el acuerdo de Modalidad 40: abogados discrepan

Exjuezas y abogados no coinciden en si un amparo contra el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS sobre la Modalidad 40 llegaría a buen puerto. El desacuerdo es también sobre quién lo resolvería: los jueces electos del nuevo Poder Judicial.

Tres especialistas ven viable impugnarlo. María Emilia Molina, exmagistrada de Circuito, dice que, pese a las reformas a la Ley de Amparo, la vía indirecta sigue abierta, aunque "habrá que ver la actuación de los jueces electos". Para Juana Fuentes, quien fue jueza laboral, basta la emisión del acuerdo para impugnarlo. Jorge Antonio Loyo, de la Universidad Iberoamericana, admite que la falta de experiencia de los jueces y las presiones pueden retrasar los casos, pero afirma que se pueden ganar.

Jorge Sales Boyoli, laboralista, plantea lo contrario en una entrevista radiofónica del viernes. Para él, el acuerdo no modifica la Ley del Seguro Social ni excede las facultades del Consejo Técnico, y "un amparo puede tardar más de seis meses". Tampoco espera un resultado distinto: la reforma judicial dejó jueces electos en al menos la mitad de la estructura.

Alan Duclaud, abogado, calificó el acuerdo de inconstitucional "en principio" y anticipó que seguramente lloverán amparos.

Ninguna de esas lecturas se apoya en una resolución judicial: hablan de amparos previstos, no de casos presentados.

Quienes ya están inscritos, dice el texto publicado el 21 de octubre, siguen en las condiciones actuales hasta terminar el periodo contratado. Las nuevas altas son por solicitud digital, con cotización sobre el último salario base más una UMA. Los seis meses que aparecen en el acuerdo son el plazo de la Dirección de Finanzas del IMSS para presentar su análisis, que Sales toma como la duración de la medida.

Loyo rechaza además la etiqueta de "doradas": calcula el promedio entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales. En el Senado, PRI y MC piden impugnarlo.

Una vez que Finanzas entregue su análisis, la Dirección Jurídica tendrá otros seis meses para proponer una modificación normativa.