SCJN ordena a Edomex plan contra hacinamiento en Neza-Bordo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el miércoles el amparo en revisión 310/2025 y le exigió al gobierno del Estado de México actuar de fondo contra el hacinamiento del Centro Preventivo y de Readaptación Social Neza-Bordo, un penal que arrastra sobrepoblación crónica y figura entre los más saturados del país. Quien promovió el amparo, en 2021, fue el Instituto Federal de Defensoría Pública, desde el área responsable de combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que reclamó la falta de medidas suficientes frente a las condiciones del centro.

La resolución obliga al gobierno mexiquense a presentar, antes de que pasen seis meses, un plan que combine distintas áreas e instituciones para bajar el hacinamiento y asegurar condiciones dignas de internamiento. Entre las medidas contempladas están los beneficios preliberacionales, cambios a la infraestructura, mayor coordinación entre instituciones y la capacitación del personal. El gobierno mexiquense tendrá que entregar reportes cada tres meses a la Corte y al juzgado de distrito encargado de vigilar el cumplimiento.

La resolución de la Corte, citada por Infobae, señala que "el Estado tiene una posición especial de garante" respecto a quienes están privados de su libertad.

A noviembre de 2025, el penal albergaba a 5,823 personas pese a que su capacidad es de 1,834, un sobrecupo de 217.5 por ciento. El hacinamiento de Neza-Bordo, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, no es nuevo: ya en 2001 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México documentó movimientos de internos para "aprovechar mejor los espacios" ante la falta de cupo.

Con esta resolución, un plazo judicial concreto empieza a correr para que las autoridades mexiquenses resuelvan algo que sus propias comisiones de derechos humanos venían señalando desde hace un cuarto de siglo, y el cumplimiento quedará bajo revisión cada tres meses en el juzgado de distrito. Hasta la tarde del 24 de septiembre no había una respuesta pública de las autoridades mexiquenses frente a lo resuelto por la Corte.