Proponen destituir e inhabilitar a un juez federal de Colima
El proyecto del magistrado Bernardo Bátiz aún no se vota en el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. La defensa del juez objeta el procedimiento.
El magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), elaboró un proyecto que propone destituir e inhabilitar al juez federal Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, del Centro de Justicia Penal Federal en Colima. Grupo Animal informó el 8 de octubre que el expediente está en la ponencia de Bátiz con la instrucción cerrada. El Pleno todavía debe votarlo, y la fecha de esa sesión no consta.
El TDJ atribuye al juez haber participado de forma activa en la reducción de penas que la Fiscalía y los imputados habían pactado en cuatro procedimientos abreviados, resueltos entre 2022 y principios de 2023. Los cinco imputados enfrentaban cargos por drogas y armas, sin antecedentes. El tribunal dijo en noviembre de 2025 que el juez "incurrió en faltas graves", según ese medio.
La defensa, a cargo de Arturo Guerrero Zazueta, sostiene otra cosa. Afirma que el juez ejerció control judicial y verificó si la FGR cumplía su Acuerdo A/017/2015. Añade que al decretarse la suspensión aún no operaba la Comisión de Disciplina y que el Acuerdo General 7/2025 del TDJ le atribuye las medidas cautelares. También dice que el incidente cautelar tomó más de tres meses, aunque el plazo era de cinco días hábiles, y pone en duda la legitimidad de origen de dos magistraturas en la Comisión de Investigación.
Cronología que reporta el medio
La Comisión de Investigación decretó la suspensión provisional del juez el 30 de octubre de 2025 y el TDJ la hizo pública el 2 de noviembre. Según Grupo Animal, la queja inicial vino de la Secretaría de Marina, que vinculó un aumento de homicidios en Colima con la liberación de un imputado. La suspensión fue la primera de este tipo en el país, de acuerdo con el mismo medio.
Si el Pleno confirma la sanción, ningún amparo procedería contra la resolución, de acuerdo con el medio, que cita el artículo 105 de la Constitución y el 61 de la Ley de Amparo.
Hasta ahora solo hay una fuente: el TDJ no ha publicado el proyecto ni un comunicado reciente, y la versión del tribunal llega a través de Grupo Animal. No hay sentencia, y la sanción es solo una propuesta.
