Senadora del PAN propone cárcel de 6 a 10 años por robar agua
Susana Zatarain plantea que extraer agua sin concesión y transportarla o venderla sea delito federal. La iniciativa está en dos comisiones del Senado.
La senadora panista Susana Zatarain García presentó una iniciativa para que extraer agua sin permiso sea un delito federal: de 6 a 10 años en prisión, más una multa de 300 a 800 UMA (unidades de medida y actualización), según el comunicado del Senado de la República. Cubriría las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, pero también la que corre por redes, tuberías y pozos, cuando no hay concesión, asignación, permiso o título.
Tendría igual castigo quien abra pozos o altere tomas, instalaciones y medidores para llevarse el agua. La reforma al Código Penal Federal también castiga a quien almacene, transporte, suministre o comercialice agua obtenida de forma ilegal.
| Conducta | Prisión | Multa |
|---|---|---|
| Extraer o aprovechar agua sin título, o manipular pozos, tomas y medidores | 6 a 10 años | 300 a 800 UMA |
| Almacenar, transportar o vender agua ilegal con fines de lucro, menos de 50 000 litros | 3 a 5 años | 200 a 500 UMA |
| Lo mismo con 50 000 litros o más | 6 a 10 años | 300 a 800 UMA |
Hasta una mitad más de pena habría si el delito lo comete un grupo organizado, deja sin suministro a una población o causa un daño grave a un acuífero, un río, un lago, un humedal u otro ecosistema.
Zatarain argumenta que el agua es de interés público y no puede ser negocio de quien la roba. Para dimensionar el problema, recuerda que entre 2019 y septiembre de 2022 hubo más de 131 000 tomas ilegales, concentradas en Aguascalientes, el Estado de México y Nayarit. El comunicado no indica de dónde sale esa cifra.
De aprobarse, el robo de agua dejaría de ser sobre todo una infracción administrativa con multas y pasaría a tener cárcel, también para quienes la transportan o venden, como quienes operan pipas. Apenas empieza su camino: aún no hay dictamen ni fecha para discutirla.
La estudiarán en conjunto dos comisiones del Senado: la de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica, y la de Estudios Legislativos, Primera. Si la dictaminan, tendría que pasar al pleno del Senado y a la Cámara de Diputados.
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